A propósito de la persecución ilegal a RE/MAX

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Con fecha 24 de mayo de 2022 la Sala E de la Cámara Nacional en lo
Comercial de la Capital Federal dictó un fallo unánime revirtiendo una terrible injusticia que se había perpetrado entre el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, CUCICBA) y la Inspección General de Justicia (en adelante, IGJ). Luego me referiré a este estado de connivencia entre el organismo público y el ente público no estatal.

La Resolución que se dejó sin efecto fue la N° 350 de la IGJ que había
hecho lugar a la denuncia presentada por el Colegio de Corredores
Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) y el corredor inmobiliario Armando Fernando Pepe (ex presidente del Colegio) y que en apretada síntesis disponía “…la inmediata promoción por la Inspección General de Justicia contra la sociedad REMAX ARGENTINA S.R.L. de la acción judicial de disolución y liquidación prevista por el art. 19 de la ley 19.550…”

En términos sencillos, la resolución de IGJ dictada por su inefable
Inspector General de Justicia Carlos Augusto Nielsen, pretendía hacer
desaparecer, aniquilar o exterminar una empresa que funciona hace más de 16 años en la República Argentina siendo el sustento de miles de argentinos.

No voy a ahondar en los fundamentos por ser tan disparatados y ajenos
a la competencia del órgano que las dictó, pero sí diré que una vez más fue el poder judicial el que debió equilibrar los atropellos de entes estatales o
paraestatales como el colegio de corredores.


El poder judicial tan cuestionado a veces justa pero generalmente de
manera injusta, ha debido en este país regular por inacción de los legisladores o gobernantes (democráticos o de facto) de turno por ejemplo el habeas corpus que no existía, el alcance del amparo, el derecho de rectificación o respuesta, los efectos devastadores de la pesificación del añ0 2002, efectos del plan Bonex de 1989, alcance de la libertad de expresión, cuestiones reñidas con la pandemia, injusticias previsionales de todo tipo y así innumerable cantidad de temas que la política no pudo o no quiso intervenir.

En este caso debió sencillamente evitar la disolución de una empresa.
Solo en la Argentina o países con corporativismo extremo (rayano en la más
absurda mafia), admiten este tipo de posiciones en contra de las empresas, del comercio, de ejercer la industria lícita y en definitiva de desarrollarse. Claro que para ello, las corporaciones se sofistican y utilizan argumentos que aparentan legalidad. Simulan defender trabajadores, simulan defender profesiones o hasta se animan (simulando), a decir que defienden la “economía” cuando no hacen más que hundir el país año tras año o mantener un statu quo que impide el desarrollo.

En el caso puntual de la persecución a RE/MAX, el Colegio de Corredores
simula defender intereses de sus matriculados persiguiendo a otros
matriculados (que utilizan los servicios conexos de marketing y promoción de RE/MAX), lo cual es un sin sentido en sí mismo. Usan todo el potencial
económico, político y de lobby que los propios matriculados les brindan con el pago de la matrícula para perseguir a competidores.


En realidad pretenden ejercer lo que George Stigler (1971) denominó
“regulación cautiva” precisamente, para ilustrar estos casos donde un sector busca hacer lobby para mantener sus privilegios impidiendo competencia en su mercado. Eliminar a la competencia es el verdadero y único fin de esta persecución.

Ese lobby les falló porque acudieron a un funcionario cuyas resoluciones
son permanentemente dejadas sin efecto por la justicia comercial como
sucedió con 1) las resoluciones 25/2020 y 27/2020 referidas a los clubes de
campo y barrios cerrados donde disparatadamente los mandaba a hacer cosas que excedían su competencia o 2) la resolución que obligaba a las sociedades a tener igualdad de género en sus directorios hasta para la cual fue denunciado penalmente. La particularidad en todas las resoluciones es que aparentan o simulan tener fundamentos loables como es el ordenamiento de los barrios cerrados o la paridad de género pero a poco que se analizan se observa un exceso del funcionario vaya a uno a saber con qué fines.

A RE/MAX la quiere destruir la competencia por un tema comercial
mediante el abuso de corporaciones llamadas a defender y regular la matrícula.
Buscan destruir la “cabeza del dragón” como ellos mismos reconocen en
medios públicos (vease https://www.youtube.com/watch?v=aHf80a68c4I).
Atentan contra la modernidad, el libre comercio, la posibilidad de desarrollarse
pero por otro lado copian el modelo y utilizan los mismos servicios porque
sencillamente es mejor que el statu quo deprimente que imperaba hasta el
advenimiento de esta empresa en el año 2004.

Los corredores que trabajan con la red RE/MAX son víctimas de una
persecución grosera al estilo setentista llevada a cabo por personas de muy
dudosa reputación. Las personas o corredores inmobiliarios de buena fe hacen negocios con los corredores adscriptos a la red RE/MAX y entienden que la modernidad no puedes detenerse.

La pelea no terminó porque sencillamente la política no puede resolver
en un solo fallo la resistencia del statu quo para mantener sus privilegios,
siendo que deberá frenar cada atropello en particular que perpetran las
corporaciones.